El mítico marzo del año ´13

Por Carlos C. Claá *

Si de pequeñas acciones se hacen las cosas, ésta es una pequeña-gran acción que marcó el destino de la Argentina. Era marzo de 1813, cuando el diputado por San Luis, Agustín Donado, fue en busca del orfebre Juan de Dios Rivera Túpac Amaru con un encargo especial. La Asamblea General Constituyente, luego reconocida como Asamblea del Año XIII, necesitaba un sello que autenticara la documentación del Gobierno. Ese acto, en principio poco trascendente, significaría el nacimiento de un símbolo patrio. La creación del escudo nacional.

Si el objetivo de la Asamblea era definir un sistema institucional en las Provincias Unidas y desligarse completamente de la madre patria, era preciso reemplazar el escudo utilizado hasta entonces con las armas reales de España.

Por eso fueron ante el orfebre peruano de apellido ilustre. No es posible determinar quién fue el encargado del diseñó del escudo: Algunos sostienen que fue el mismo tallador, el diputado Donado y hay quienes señalan a Bernardo de Monteagudo, entre otros postulantes. Lo cierto es que nunca existieron constancias acerca del creador. Es bien sabido que antes de aquel marzo de 1813 ya se utilizaba una especie de diseño parecido aunque, como no había sido reconocido por la Asamblea General Constituyente, no era oficial. Es muy probable que el que lo haya dibujado, se inspiró en un billete de salvoconducto que utilizaban los miembros de un club jacobino francés durante la Revolución Francesa, de diseño casi calcado, aunque con el agregado del sol inca y otras modificaciones menores.

En el Archivo General de la Nación es posible apreciar el decreto del 12 de marzo de 1813, firmado por el presidente de la Asamblea General Constituyente, Tomás Valle, y el secretario Hipólito Vieytes, en el que se ordena: “que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello que este cuerpo soberano”. Es decir, desde aquel día las Provincias Unidas del Río de la Plata tendrían un escudo que unificaría el sentimiento patriota, nacional y soberano.

El mismo viernes 12 de marzo, la Asamblea dictó un decreto a favor de los sometidos indios: “La Asamblea General sanciona el decreto expedido por la Junta Provisional Gubernativa de estas provincias el 1 de septiembre de 1811, relativo a la extinción del tributo, y además deroga la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios bajo todo respeto y sin exceptuar aún el que presta a las iglesias, sus párrocos o ministros, siendo voluntad de esta Soberana Corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a los mencionados indios por hombres perfectamente libres, y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que la pueblan”.

La mita y el yanaconazgo eran instituciones prehispánicas, que los Incas utilizaban y, al ser dominados por los españoles, éstos últimos adoptaron para someter a los indios. La mita era un sistema de explotación de los campesinos, en el que los mitayos trabajaban en largos turnos en una aldea, mientras a cambio recibían una paupérrima manutención del propietario de esa aldea. El yanacona era un servidor personal que era separado de su aldea, por lo tanto dependía exclusivamente del dueño de esa nueva aldea para sobrevivir.

Por otro lado, la encomienda provenía de las costumbres europeas. Los conquistadores que lograban hacerse de nuevas tierras eran llamados encomenderos. A ellos, el Rey les brindaba un número indios encomendados, de los cuales el conquistador debía “cuidar” y evangelizar. Por supuesto, como las demás, era simplemente una figura de cartón para esconder una manera cruel de esclavitud.

La Asamblea del Año XIII no cumplió con el principal objetivo para la que fue conformada. Lo que se buscaba era reafirmar los logros de la revolución de 1810, acordar un sistema institucional en el país y dictar una constitución. Aún así, su trabajo tuvo matices importantes que son casi desconocidos.

Denostada por la no concreción del objetivo primordial, no se le reconoce la irreprochable labor legislativa que tuvo. En febrero de 1813, por caso, produjo una reforma social al dictar la ley de libertad de vientres. “Todos los hijos de esclavos que nazcan en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata a partir del 31 de enero de 1813 serán libres”, remarcaba. En su articulado expresaba que los esclavos alcanzarían la libertad al contraer matrimonio, o a los 20 años los varones, mientras que a los 16 las mujeres. Dos días después, un nuevo decreto agregaría: “Todos los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, desde este día, desde países extranjeros, quedan libres por el hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas”.

El 24 de marzo declaró abolido el Tribunal de la Inquisición en todo el territorio nacional. Además, prohibió el uso de tormentos que se empleaban para el esclarecimiento de verdades y crímenes. Declaró la religión Católica Apostólica Romana como oficial del estado. Y, entre otras tareas, dispuso una nueva acuñación de la moneda con el sol incaico y el escudo argentino, para reemplazar a las utilizadas hasta ese momento, en las que podía apreciarse el perfil del Rey de España.

Entre los diputados que formaron parte de aquella Asamblea, elegidos por las diferentes provincias, figuraban Vicente López y Planes, Juan Larrea, Gervasio Posadas, Carlos de Alvear y Francisco Argerich, entre otros. A pesar de no haber logrado la creación de una constitución, ni la consolidación de un sistema político, la obra realizada por estos diputados fue loable. Debido a disensos internos, recién cuatro décadas después podría verse realizado el anhelo de dictar una Constitución Nacional. Pero los avances producidos en materia legislativa en esta Asamblea fueron notables y también marcaron un rumbo que ayudó a la posterior afirmación nacional.

*Abogado, diplomado en Historia Política Argentina. Estudiante de Periodismo.