Un siglo del voto “universal, secreto y obligatorio”

Por Carlos C. Claá *

En esta época, donde el sufragio esta aggiornándose a la modernidad, donde se busca mejorar el sistema a través de boletas únicas y el pronto ingreso del voto electrónico, resulta increíble pensar que hubo años en los que muy pocos tenían el derecho a elegir. Presidentes impuestos “a dedo” por su antecesor, votaciones ficticias, fraude al descubierto y por doquier, todas prácticas comunes de las primeras décadas de este país.

Pero hubo un cambio fundamental, al menos el primero de otros tantos. Una fecha casi ignorada por la opinión pública, y que sin embargo significó un gran cambio para los ciudadanos argentinos. Aquella fecha de la que, por estos días, se cumple un siglo.

Por supuesto, hizo falta la valentía de un hombre que quiso cambiar las cosas: Roque Saenz Peña. Quien había llegado a la presidencia en 1910, de una manera tan tramposa como sus antecesores del Partido Autonomista Nacional, pero que sabía que debía cambiar el rumbo del país. Si no había sido elegido por su pueblo, al menos podía ser asentido por el mismo.

Saenz Peña hizo del proyecto de reforma electoral su obsesión. Lo repetía en todas sus disertaciones públicas y en cada reunión privada. Así lo expresó, a viva voz, en su discurso de toma de mando de la presidencia: “Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos y ante los partidos a provocar el ejercicio del voto… No basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante”.

Para diciembre de 2011, el proyecto de ley de reformar el sistema de elecciones ya había sido presentado. Pero aquí comenzaba un nuevo y grave problema. Si bien nadie expresaba públicamente su descontento con que las formas cambiaran, internamente eran pocos los que estaban convencidos de aventurarse a la nueva ley. Después de todo, cada político que ocupaba una banca había llegado con un sistema que ahora pretendían cambiar. Era casi como hacer su propio nudo de una soga que iba a colgarles del cuello.

“El sistema de lista completa y el voto público nos han defendido de la anarquía, el desorden y la revolución. Pero ya se agotó su ciclo. El espíritu cívico está muerto, nuestra democracia es nula. El pueblo no vota”, enfatizó el doctor Indalecio Gómez –ministro del interior de Saenz Peña– en aquellos acalorados e interminables debates en la cámara baja. La tapa del diario La Nación explicaba en aquellos días: “El debate de la reforma electoral se explaya lánguidamente a través de un tema agotado”. El resultado ya estaba puesto, a pesar de lo que pudieran pensar los diputados, la presión social era determinante. La votación terminó 49 a 32 a favor de la nueva ley.

El paso por la Cámara de Senadores fue más rápido, aunque no más simple. El Poder Ejecutivo tuvo que reunir a los senadores, que se encontraban de vacaciones –por caso, imagínese una cámara sesionando en enero, en la actualidad–. Aquí, el voto obligatorio ganó por 10 a 8. La ley 8.871, más conocida como Ley Saenz Peña, fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912.

“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar”, pronunciaba Roque Saenz Peña al promulgar la ley por la que tanto había lidiado.

La flamante norma establecía la lista incompleta, es decir que de esa forma ningún partido se quedaría con la totalidad de las bancas –como era hasta el momento– y, por supuesto, el voto secreto, obligatorio y universal, aunque ese “universo” solo comprendía a los hombres argentinos nativos y naturalizados.

La ley de elecciones fue complementada con dos más: la de enrolamiento general y otra de padrón electoral. Por lo tanto, el artículo primero de la 8.871 indicaba que, para ser elector, el hombre debía haber cumplido los 18 años y estar inscriptos en el padrón. Tenía la obligación de concurrir a cada sufragio hasta cumplido los 70, desde allí su participación era optativa.

El artículo 5° era de los más trascendentes: “El sufragio es individual, y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar        al elector a votar en grupos, de cualquier naturaleza o denominación que sea”.

La ley Saenz Peña fue inaugurada en la provincia de Santa Fe. Era marzo de 1912 cuando el gobierno provincial decidió adaptarse por primera vez a la nueva ley electoral. Por esa razón los radicales, que se abstenían de participar en las anteriores elecciones, se hicieron presentes y lograron la victoria de su representante, Manuel Menchaca.

A nivel nacional, la primera oportunidad de utilizar la flamante norma fue la elección presidencial de 1916, en la que triunfaría el doctor Hipólito Yrigoyen. Pero, para su desgracia, Roque Saenz Peña no estaría presente para ver como aquella obsesión comenzaría a marcar un nuevo destino en el país. Murió el 9 de agosto de 1914 a causa de sífilis, según lo que sostienen algunos historiadores.

Por supuesto que a la 8.871 sobrevinieron grandes y necesarias reformas. El voto femenino, conseguido en 1947, fue una innovación muy esperada por todos los ciudadanos. Pero es en aquella fecha, el 10 de febrero de 1912, cuando se produjo la gran revolución. Desde allí el pueblo comenzó a tener real influencia en la elección de sus representantes.

El poeta mexicano Octavio Paz resumió: “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”. Desde 1912, y gracias a la Ley Saenz Peña, Argentina comenzó a hablar, a ver y a abrazarse.

*Abogado, diplomado en Historia Política Argentina. Estudiante de Periodismo