OTRA POLÉMICA EN LA CAUSA

Demoran a tres policías rosarinos en el country donde vivía Medina

Acusaron de abuso de autoridad a empleados de la División Judicial, desde donde niegan haber intervenido al margen de la ley. Les atribuyen haber entrado invocando a la jueza que investiga el doble crimen, quien no ordenó ni sabía del procedimiento.

El ingreso de policías rosarinos sin conocimiento judicial al country de Pilar donde está el último domicilio utilizado por el asesinado Luis Medina cayó como una bomba en los Tribunales Provinciales. El acceso de tres empleados de la División Judicial de la Unidad Regional II al barrio cerrado sin orden judicial ni comunicación a un magistrado competente en esa zona motivó que un fiscal bonaerense demorara a los efectivos y les abriera una causa preventiva por abuso de autoridad. La situación derivará en actuaciones de un fiscal rosarino, que podría reprochar lo que se considera una acción inconsulta, ajena al conocimiento de la jueza que investiga el homicidio y contraria a la pesquisa, dado que había medidas previstas en ese mismo sitio, finalmente ejecutadas ayer.
Se considera grave que los policías, según el documento labrado en Buenos Aires, hayan invocado la autorización de la jueza Alejandra Rodenas para acceder al condominio, invadiendo sin respaldo una jurisdicción extraña. Anoche, el Ministerio de Seguridad decidió investigar la conducta de los tres policías y los pasó a disponibilidad para no obstaculizar la pesquisa judicial.
El episodio aparece como otro tropiezo en la investigación de los homicidios de Luis Medina y su acompañante Justina Pérez Castelli, ejecutados a balazos hace ocho días en acceso sur y Ayolas, en un trámite que ya conoce de sobresaltos debido a la intervención de un funcionario político en la apertura de la computadora del hombre tenido como jefe narcotraficante.
El incidente se desató el sábado a las 17 cuando tres policías de la División Judicial se apersonaron en la entrada del country Haras del Pilar, situado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana, junto con Gustavo Rodolfo Pérez Castelli, el padre de Justina.
Desde la División Judicial negaron enfáticamente haber apelado al nombre de la jueza ni cometido irregularidad alguna. En una nota elevada al jefe de Unidad Regional II, Luis Bruschi, el comisario Cristian Romero consignó que a partir de un testigo privilegiado tres empleados de la dotación se acercaron al lugar para chequear una información vinculada al domicilio de Medina.
Romero le recordó a Bruschi que su área interviene legalmente en la pesquisa a partir de un pedido de colaboración solicitado por la Sección Homicidios. Y que la acción tendía a tomar imágenes y verificar datos para, logrado eso, comunicar a la jueza los resultados obtenidos, de modo que ella decidiera pasos a seguir.
El asunto era hasta anoche un embrollo pendiente de aclararse. El sábado a la tarde los tres policías y el padre de la chica asesinada pidieron en la puerta del Haras del Pilar hacer una constatación en casa de Luis Medina. La guardia les franqueó el paso pero un custodio les indicó minutos después que debían retirarse si no exhibían una orden judicial.
Como los policías dijeron no tenerla llegaron efectivos de la DDI de Pilar a cargo del subcomisario Leiva. Todos terminaron en la comisaría de esa localidad. La situación motivó que el fiscal Gonzalo Acosta, de la UFI II de Pilar, les imputara a los policías rosarinos abuso de autoridad.
Entretanto en los Tribunales de Rosario las cosas ardían. En el momento en que era informada del asunto, la jueza Rodenas estaba gestionando un exhorto ante el juez de garantías de San Isidro Nicolás Cevallos para allanar las dos casas del country, de lo que se ocuparía la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Rodenas había pedido irrumpir en dos casas utilizadas por Medina: la propia y la de un amigo, apodado «Patán», que alquilaba la casa al rosarino asesinado.
Estaba en eso cuando le informaron que en la puerta del Haras del Pilar habían sido demorados tres policías rosarinos que querían ingresar con el padre de la víctima, quien tenía una llave. Como le dijeron que los uniformados invocaban su nombre y una orden judicial no encontrada, la jueza pidió rápidas explicaciones a Bruschi.
Su ofuscación tenía que ver con que esa acción imprevista, a su juicio inexplicable, podía frustrar medidas en curso allí mismo y generar nulidades posteriores, en especial si llegaban a ingresar a las casas. Más cuando sí se terminó encontrando en ellas, finalmente allanadas ayer a la mañana, evidencia útil a la causa (ver página 26).
En la esfera policial se iniciaron actuaciones administrativas contra los tres policías, de apellidos Ramonda, Giordano y Chazarreta, a quienes sus pares consideran hombres experimentados e incapaces de una ilegalidad.
«Para que una investigación tenga éxito hay que chequear información previamente que luego se entrega al juez. Eso es constante y es lo que estos policías hacían. Fueron a ubicar el lugar, llegaron en un auto oficial, se bajaron en la garita con barrera del country, donde se sabe que hay cámaras, y estaban con un testigo muy importante, por lo que lejos estaban de buscar ocultarse», señaló un vocero de la División Judicial de la policía rosarina.
«Los policías nunca dijeron que tenían orden judicial ni se invocó a la jueza. El guardia estaba al tanto de lo ocurrido con Medina, al que reconocía como habitante del barrio, y por eso los dejó pasar. El grupo que estaba allí pertenece a un área que trabaja en colaboración con los investigadores del homicidio de Medina y Pérez Castelli a requerimiento de ellos, cosa que es comprobable», indicaron fuentes de la División Judicial.
En Tribunales el planteo no convence. Si estos policías ingresaban sin orden judicial a viviendas donde más tarde se encontraría documentación y computadoras en un operativo legal, la acción habría sido un zafarrancho para la pesquisa.
La desconfianza viene además por el hecho de que los actos preliminares de una investigación la policía suele comunicarlos a los jueces. «Si los policías iban a realizar un chequeo de información la jueza debió estar al tanto», indicó una fuente de Balcarce 1651.

FUENTE: LT10