Lo dijo el titular del Servicio Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo. Indicó que deben tener las garantías de un empleado en blanco. Los internos asalariados cobran $4.400. Un grupo de presos de Ezeiza tendrá vacaciones y aguinaldo.

El director del Servicio Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, indicó que los presos que trabajan tienen derecho al pago de aguinaldo y a un período de vacaciones.
“Si una persona tiene una relación de trabajo estable, y cumple sus obligaciones, tiene derecho a percibir un sueldo y todos los beneficios laborales”, dijo.
“El preso que trabaja debe tener todas las garantías de un trabajador en blanco y también realizar los aportes y las retenciones”, afirmó.
Mugnolo explico que, en el caso de los presos, “el empleador es el Estado y debe cumplir con las obligaciones que le demanda el derecho laboral”. “Si uno piensa que porque está preso gana más que el que no está preso, lo que está mal es el que gana menos, no el preso”, afirmó.
El funcionario reconoció que controlar al empleador que toma trabajadores en negro es tarea del Estado. “No podemos reducir el debate a que porque el Estado es ineficaz con estos controles se deba excluir a los presos”, remarcó.
“Es una paradoja, pero por lo menos el Estado intenta cumplir con una responsabilidad que tiene”.
Respecto al pedido de vacaciones de los reclusos, otro punto de su reclamo laboral, Mugnolo dijo: “Si uno piensa en una relación de trabajo normal, toda persona que trabaja durante un año completo debe tener un periodo de descanso. Esto no significa que van a poder salir, pero si que van a dejar de prestar la tarea por los días que corresponda”, aclaró.
Finalmente, Mugnolo remarcó que “las personas privadas de la libertad tienen todos los derechos de las demás personas, excepto el de la movilidad que le implique la sentencia”.
“Hay que pedir que todos accedan a los derechos, no que no los tengan los presos”, concluyó, al tiempo que afirmó que, hoy, “los presos que perciben salario son muy pocos”.
“La mayoría desarrollan tareas no remuneradas, como la limpieza, al interior del penal. Ojalá esto sirva para promover el trabajo en las cárceles”, finalizó.

Un grupo de presos de Ezeiza tendrá vacaciones y aguinaldo
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.
El fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca una avalancha de reclamos similares.
En concreto, la decisión de la Justicia dispuso que se cree un régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre; de esta manera -aunque no fue explicitado-, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) podría lograr su objetivo de que los encarcelados que trabajan también gocen de aguinaldo y vacaciones.
La resolución de la Cámara de Casación Penal advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos. Y -plagada de citas y referencias doctrinarias- hace hincapié en el principio constitucional de «igual remuneración por igual tarea» para las personas privadas de su libertad.
Este fallo abre las puertas a una ola de presentaciones similares y posibilitaría que el sindicato de presos logre que todos los reclusos cobren aguinaldo y vacaciones
El juez Slokar, en el voto principal, indicó que «para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad».
«En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre», afirmó el magistrado, quien afirmó que «enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social».
«Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social», destacó el juez al fundamentar su voto.
El fallo plantea «la realidad laboral penitenciaria argentina actual» en donde el 59 por ciento de las personas privadas de su libertad en la Argentina «no accede actualmente a ningún trabajo remunerado».
También se hizo referencia a «los indicadores oficiales que informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19 por ciento cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81 por ciento restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad».
La presentación fue realizada a partir de un pedido del ciudadano ucraniano Yuriy Tiberiyevich Kepich, preso en la cárcel de Ezeiza, quien ya hizo planteos similares por el derecho a la comunicación con sus familiares y a recibir encomiendas.

FUENTE: Cadena 3 – Infobae