El 7 de abril de 2016 fue asesinado de un disparo en la cabeza y apuñalado por la espalda, en un camino vecinal, cuando se dirigía al campo en el que trabajaba. El caso tiene dos imputados que –por decisión del juez- se encuentran en estado de libertad. La fiscal dijo que espera el resultado de nuevas pruebas para elevar el caso a juicio.

Un hombre que se dirigía a su establecimiento rural fue el que dio aviso a la policía, aquel 7 de abril de 2016, alrededor de las 14 horas. En un camino vecinal, a 5 kilómetros al noroeste de la ciudad –paralelo a ruta provincial Nº 2-, se encontró el cuerpo sin vida de Ricardo Hugo García, un trabajador de 53 años de edad que se trasladaba a su puesto.
En principio, se creyó que se trataba de un accidente de tránsito: el cuerpo tenía el casco puesto, y a su lado, había una motocicleta.
El hecho tuvo un giro inesperado cuando el médico policial señaló que la víctima presentaba un disparo en la cabeza.
El lugar se convirtió en una escena del crimen que fue recorrida por la Policía de Investigaciones y custodiada por efectivos policiales.
El cadáver de la víctima tenía más por revelar. En la morgue del hospital, el médico descubrió que además presentaba una herida de arma blanca en la espalda, a la altura de la cintura.
La autopsia fue aún más concluyente. El forense informó que fueron dos los mecanismos que se utilizaron para asesinarlo, siendo efectuado el disparo a muy corta distancia y con una escopeta. En su descargo, indicó que las acciones fueron casi en simultáneo lo que llevó a la dra. Sonia Busto a buscar a dos asesinos.
La investigación avanzó y para la fiscal las pruebas recolectadas fueron suficientes para llevar ante el estrado a dos sujetos: uno de 32 y otro de 40 –familiares entre sí-, sospechados de ser los autores del homicidio simple –así caratulado-.
Para el mes de octubre, los imputados recibían la libertad. El juez García Troiano consideraba que no existía el peligro de fuga, ni la posibilidad de que los acusados entorpezcan las pruebas o testimonios que faltaban recolectar.
Bustos  sostiene que los elementos probatorios, en su mayoría basados en la información que aportó el teléfono celular del principal sospechoso, fue una  pieza fundamental para ubicarlo como probable autor del homicidio, en lo que podría ser –según fue vertido en la audiencia imputativa-, un posible crimen pasional.  Además, abona su hipótesis en los testimonios reunidos.
Un año después del asesinato, dos sospechosos que continúan siendo investigados por la fiscalía que espera arribar a un pronto juicio, en un hecho que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión de efectivo cumplimiento.
“”El juez decidirá si son o no culpables…” palabras de la fiscal actuante.