La Justicia federal avanza en la investigación tras los allanamientos del 5 de septiembre. Uno de los campos pertenece a un productor de Tostado y el otro a una sociedad anónima que podría estar vinculada al grupo Vicentín.

La causa por trata laboral que investiga el rescate de 31 personas en condiciones de extrema explotación en Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, avanza con nuevas revelaciones.

La Justicia federal de Rafaela, a cargo de los fiscales Federico Grimm y Gustavo Onel, logró identificar a los propietarios de los campos donde se concretaron los operativos el pasado 5 de septiembre.

Uno de los terrenos intervenidos pertenece a Carlos B., un productor agropecuario oriundo de Tostado. El otro corresponde a una Sociedad Anónima denominada “La Isabelina”, sobre la cual se investiga su posible vínculo con el grupo Vicentín, según información publicada en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 22 de julio. No obstante, la Fiscalía solicitó un nuevo informe para conocer la composición actual de dicha sociedad y confirmar si efectivamente existe conexión con la cuestionada firma agroindustrial.

Condiciones infrahumanas

El caso salió a la luz tras una inspección realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en una denuncia por posibles delitos de trata. A raíz de esa intervención, se concretaron allanamientos en dos campos ubicados a la vera de la ruta provincial 77, con apoyo de la Gendarmería Nacional y la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe.

Durante los procedimientos, fueron rescatadas 31 personas, entre ellas dos menores de edad, que vivían y trabajaban en condiciones de extrema precariedad. Se determinó que realizaban tareas de desmalezamiento de lunes a lunes, cobraban 300 mil pesos cada quince días, sufrían descuentos por la comida diaria y no contaban con acceso a agua potable. Para sus necesidades fisiológicas, debían utilizar un tacho improvisado.

Investigación en curso

Por estas horas, la Fiscalía Federal aguarda la finalización de las entrevistas a las víctimas, llevadas a cabo por personal especializado. En base a esos testimonios y a otras pruebas recolectadas, los investigadores deberán determinar si se configura el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, o si se trata de una reducción a la servidumbre, en cuyo caso la competencia pasaría a la Justicia provincial.

El avance de la causa pone nuevamente en foco las condiciones laborales en el ámbito rural y las responsabilidades empresariales sobre la contratación y el trato a los trabajadores. Desde la Justicia confirmaron que las identidades completas de los socios de “La Isabelina” aún no están confirmadas oficialmente, pero que se avanza con medidas para esclarecer la situación legal y determinar posibles responsabilidades penales.

FUENTE: santafe.mitelefe