El hecho había comenzado con la denuncia policial realizada por su madre a principios del mes de julio. La mujer había manifestado ante las autoridades que su hija de 15 años era explotada sexualmente por su ex pareja, un hombre mayor de edad, en una vivienda de Rafaela.

Ante la negativa de continuar con este sometimiento, la víctima adolescente era reiteradamente amenazada por esta persona. Por este motivo, y de acuerdo a los protocolos de actuaciones que llevan a cabo las fuerzas de seguridad en estos casos, la Dirección de Trata inmediatamente intervino asistiendo psicológicamente a la niña y disponiendo una custodia en el domicilio.

A partir de las tareas investigativas realizadas para detectar el lugar de explotación, los agentes policiales de la Dirección dieron con un dato certero. De esta manera, el día 12 de setiembre se procede a la realización del allanamiento de la vivienda ubicada en la calle Jaime Ferré y Boulevard Lehman de la misma.

Los efectivos policiales constataron que en ese lugar funcionaba un prostíbulo encubierto en cuyo interior se encontraban tres mujeres; dos de ellas dedicadas a la actividad sexual y la restante al regenteo y administración del sitio, cuya función era la de recibir a los clientes y acordar el pago conforme a las tarifas estipuladas por las prestaciones que ofrecían.

También se hallaba un hombre, considerado como «cliente prostituyente», que se encontraba consumiendo los servicios de las mismas, siendo todas personas mayores de edad.

La encargada del lugar fue detenida y puesta a disposición del magistrado en la causa, identificada por el delito de «facilitamiento de la prostitución de menores”, una figura penal conexa al delito de trata de personas.

Las dos mujeres restantes, en cambio, fueron asistidas en forma inmediata por una psicóloga y trasladadas al Centro de Atención a la Víctima de Rafaela para continuar con la asistencia; y posteriormente, trasladadas Santa Fe de donde eran oriundas.

El cliente, por su parte, aportó información de interés para el hecho de que se está investigando. En el lugar, el personal de la Dirección de Trata secuestró libros de pases profilácticos, dos cargadores de pistolas 9 mm con 25 cartuchos intactos, dinero en efectivo y otros elementos.

Los magistrados intervinientes en la causa fueron el juez en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación, Nicolás Falkembert, de la ciudad de Santa Fe; y el Dr. Carlos J. M. Stegmayer  de Rafaela.

 El delito de trata de personas representa un atentado contra la libertad, la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos: vulnera el derecho a la salud, a la educación y a la identidad, entre otros derechos fundamentales.