Hay 1.000 hectáreas que enfrentarían a ganadero santiagueño y a un grupo cordobés. El presunto vendedor reside en Tostado, provincia de Santa Fe.

El encargado de un campo fue ejecutado de siete tiros en Pinto (Aguirre) y su tragedia desnudó que en la propiedad convivían dos presuntos dueños paralelos: un ganadero santiagueño y un grupo empresario cordobés, hoy disputándose la propiedad de 1.000 hectáreas «vendidas» por particulares de Tostado, Santa Fe, valuadas en casi U$S 5.000.000. 

Todo comenzó el 24 de noviembre de 2021. El porteño José Alberto Sánchez fue asesinado en las afueras de la ciudad de Pinto, a 9 kilómetros, mientras cuidaba 1.000 prósperas hectáreas sembradas con algodón y soja. 

Urgente, la Justicia posó sus ojos en la vida de la víctima, su entorno, amigos y patrones. En el plano económico, fue presentado un grupo inversor cordobés como los propietarios del campo, aunque en teoría arrendaba la tierra, previo contrato refrendado con un ganadero con residencia en Pinto.

Versión de una parte 

Contextualizado, los abogados que asisten al ganadero (Vicente García, Matías García Crespi e Ignacio García) manifestaron ayer que en 2016 «nuestro asistido refrendó un contrato de alquiler con opción a compra al dueño del campo, ganaderos de Santa Fe, según una cláusula contractual». 

Ahondaron: «La operación se firmó por U$S 1.200.000. Pagó 200.000 y el saldo quedó sujeto a la entrega de la escritura a favor de nuestro representado», indicó Vicente García a EL LIBERAL. 

¿Qué pasó con ese documento? La respuesta no aparece en el escenario, aún seis años después. Siempre según la versión de los abogados del santiagueño, «en junio de 2019 nuestro patrocinado arrendó el campo a un grupo inversor cordobés. Por contrato, la otra parte debía pagarle 46 toneladas mensuales de soja, algo así como U$S 10.000, pagos que eran normales hasta fines de 2021», agregó García.

La otra verdad 

De acuerdo con los actores, emergió documentación nueva. Ésta dejaba entrever que el grupo cordobés también adquirió el campo en casi U$S 1.500.000, pese al otro teórico trámite en espera de escritura. 

Ahora, en los tribunales de Añatuya confrontarían las tres partes: el santiagueño, el grupo cordobés y el santafesino. Los dos últimos aún no habrían presentado documentación. 

Sin embargo, el ganadero santiagueño tomó la iniciativa, en diciembre pasado, con una denuncia por presunta «estafa, desbaratamiento de derechos acordados y usurpación», ante la fiscal María Emilia Ganem. Los abogados ya habrían requerido imputaciones para los cordobeses y santafesinos. La Justicia tiene la última palabra.

Escritura en disputa y un crimen de ¿sicarios?

La propiedad del campo sería disputada hoy por el santiagueño y los cordobeses. Ninguno tendría la escritura de las 1.000 hectáreas. Es decir, aún no habría un nuevo dueño. Sí se sabe que el ganadero santiagueño habría planteado una medida de no innovar ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

Con ello, los abogados tácitamente exhortaron a las autoridades no escriturar nada porque la propiedad está en pugna y la otra parte también alega el mismo derecho. La batalla se torna más que imprevisible, porque el grupo cordobés es el que trabaja hoy las 1.000 hectáreas con producciones de algodón y soja. Ante la Justicia añatuyense, ambas partes nutrirán la incipiente investigación con documentos simil a res, alegando ser los “dueños, o al menos habérseles ofrecido la venta y haber pagado en tal concepto.

Crimen, en espera

Mientras tanto, el crimen del encargado aún no registra detenciones. De la víctima, apenas se sabe que era oriunda de Buenos Aires, donde trabajaba en talleres de aviones. Vino a Santiago del Estero en busca de una vida en paz y lejos del ruido de la “gran ciudad”. Aún con recursos, en Pinto vivía en notoria sencillez. Las fuentes deslizaron que quizá conocía al verdugo. Por debajo, reconocen que por el modus operandi, el crimen conllevaría la impronta del encargo a sicarios.

FUENTE EL LIBERAL