Tiene 23 años y le imputaron 7 hechos, cuatro de ellos hurtos a comercios en los que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Está acusado además de atentado contra la autoridad y violación a domicilios.
La medida fue solicitada por la fiscal, Dra. Sonia Bustos, quien acusa a un masculino –iníciales R. M. G.- de 23 años de edad de un total de siete hechos.
En el listado se le computan cuatro hechos de hurtos, en perjuicio de la Ferretería La Tuerca, Heladería Tropical, Centro de Ventas y el último de ellos, Panadería de Guemes. La particularidad de todos tres de los hechos, es que el sujeto quedó registrado a través de las cámaras de videovigilancia que en principio permitieron identificarlo y luego confirmar en base de testimonios.
Su “modo operandis” consiste en ingresar a los locales y aprovechar los segundos de distracción de quienes hacen la atención al público, sustrayendo desde celulares, dinero en efectivo, tarjetas de teléfono o cualquier elemento.
Otra de las acusaciones consiste en el atentado contra un efectivo policial, en momentos en el que era aprehendido. El delincuente le dio un golpe de puño al funcionario de la seguridad, provocándole una lesión leve.
La nómina de la imputación se completa con dos violaciones a domicilios, situaciones de la que se presume la intención de robar.
Su trayectoria
Durante la audiencia de tratamiento de la medida cautelar, la fiscal apuntó al largo prontuario del joven, señalando que posee cuatro hechos que se le investigan en el antiguo proceso, “que son los que se le conocen”.
El temor de los comerciantes
Bustos, expresó además que registró las testimoniales de los damnificados quienes apuntaron al acusado. “Si él está, se sabe que es para robar”. Agrego también que las víctimas de los hurtos endilgados al joven temen por su seguridad, en el caso de que obtuviese la libertad.
Detenido
En base a los argumentos esgrimidos por la fiscal, y sin una propuesta alternativa a la detención por parte de la defensa –descartando la libertad bajo guarda de algún familiar-, el juez actuante, dr. José Luis García Troiano extendió la detención del imputado, convirtiéndola en prisión preventiva por un plazo de 60 días.
En ese tiempo establecido, el Ministerio de la Acusación –en la figura de la fiscal-, deberá sustentar la imputación con pruebas que incluyen las testimoniales.
La medida además se sostiene porque el acusado carece de empleo, no tiene domicilio fijo, no tiene familiares a cargo, puntos que hacen suponer un peligro de fuga.
