El fiscal general de Reconquista, Eladio García, resume el funcionamiento de las comunidades norteñas, donde abunda el abuso sexual y la violencia contra la mujer.

“El norte santafesino es salvaje. No es para flojos, y por esa razón estamos levantando la alfombra y nos encontramos con toda la podredumbre que viene de la época de la colonia”, disparó el fiscal regional de Reconquista, Eladio García, en un intento de resumir el funcionamiento de las comunidades norteñas en el que se esconde un sinnúmero de casos de abuso sexual y violencia contra la mujer que resuenan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para explicar los motivos sobre la reiteración de casos de delitos sexuales el funcionario abundó en detalles sobre las características regionales desde una perspectiva antropológica y las mutaciones que introdujo en el esquema judicial el advenimiento del sistema penal acusatorio por sobre el escritural.
“Hay delitos sexuales, violaciones, abusos, violencia ejercida hacia la mujer y hacia los menores en el que participan las clases altas. En ellas se espejan y reproducen por imitación en los estratos más bajos, porque históricamente tuvieron esos referentes”, sostuvo García, y añadió que “en el norte hay un concepto patriarcal muy arraigado y los hombres creen que las mujeres son de su absoluta propiedad. Las relaciones fueron históricamente semifeudales, con esquemas que se evidencian en el campo, en los que la figura máxima es el patrón de la estancia y se creían y aún lo hacen, con potestad sobre el derecho de los demás y sobre todo de las mujeres”.
Para el fiscal “ese es un concepto cultural hegemónico que en algún momento se traslada desde esos referentes a los peones. El sujeto cree que tiene propiedad sobre todo el grupo familiar, sus hijos trabajan para ellos y las mujeres son cosificadas bajo el concepto de que existen para todo servicio”. Según el funcionario, ese fenómeno se observa en el norte de la provincia e incluso se extiende a las zonas marginales de las ciudades “por una cuestión de migración de los sujetos y sus costumbres. Como agravante, también ocurrían casos que implicaban a figuras poderosas y quedaban en la nada y eso atentaba directamente con la posibilidad de que conocer lo que realmente ocurría. Bajo este contexto resultaba muy difícil lograr que las víctimas cuenten su situación”, sostuvo.
Según García, la situación “ahora se está revirtiendo de la mano de la nueva estructura judicial y el proceso transparente del curso de las denuncias. En esta región casi no había juzgados. Existía uno solo correccional y de instrucción para 250 mil habitantes con asiento en Reconquista. Tenía alcance a todo el departamento General Obligado y, salvo la ciudad, el departamento San Javier”. Hoy, el nuevo sistema impuso el funcionamiento de cinco juzgados con un total de seis fiscales para investigar. “Estos detalles marcan la diferencia de cómo avanzó un sistema y cómo el otro”, significó García.
Los fiscales a su vez tienen una Fiscalía Regional que los nuclea y en esa dependencia existen organismos de gestión que se ocupan de las víctimas. Hay subsecretario de persecución penal, un secretario regional, un jefe de atención a la víctima que, a su vez, actúan relacionados con cada una de las Unidades Fiscales. “Antes no había nada. Uno se arrimaba a un juez de instrucción y éste le preguntaba si era parte, denunciante o querellante. Y en el mejor de los casos lo saludaba para que se vaya”, graficó el fiscal.
Estructura. En la región existen unidades fiscales en Villa Ocampo, Reconquista y Vera y en ellas trabajan secretarios a quienes se les exigió conocimientos en materia de protección a la víctima y violencia de género cuando concursaron para ocupar los cargos que desempeñan. “Tenemos dos cámaras Gesell, una en Reconquista y otra en Vera, un gabinete interdisciplinario conformado con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y además trabajamos en red con todo este sistema y la atención primaria en casos de violencia de género o menores, que están a cargo de los Samco, comunas y municipios”, contó García.
Según el agente judicial, desde la instauración del nuevo sistema penal, hubo 250 casos de abuso sexual, que van desde el mero abuso deshonesto hasta la corrupción de menores. “Creemos que es una cifra negra —delitos no registrados en la estadística oficial— porque recién ahora, ante los resultados, las víctimas se animan a denunciar y creemos que progresivamente ese fenómeno se irá incrementando. Antes no denunciaban a nadie porque no había resultados, eran revictimizados y tenían pánico de acercarse a la estructura judicial. En primer lugar, no tenían dónde denunciar y luego no tenían cómo. Después, en el supuesto de que superaran esos dos escollos, nadie hacía nada. No le llevaban el apunte”, abundó García.
Entonces había en la región dos jueces para 250 mil habitantes y el resto eran comisarios que tomaban las denuncias. “Cuando querían saber el curso de su causa se acercaban a preguntar y le decían “usted es denunciante y por lo tanto no es parte. Lo largaban sin respuestas”. Esa es la diferencia con el actual sistema”, aseguró. “Ahora por ejemplo hay en Las Toscas una oficina de gestión judicial, una jueza, dos fiscales y una estructura que trabaja con transparencia y velocidad. en la prosecución de los temas. En Reconquista hay una estructura superior que a su vez toma todo el sur del departamento y parte del departamento San Javier. Aquí hay cinco fiscales, cinco jueces, secretarios, cámaras Gesell, oficina de atención a la víctima, grupos interdisciplinarios, trabajo en red y en Vera, se reproduce esta estructura”, dijo el fiscal.
El 40 por ciento de las prisiones preventivas que se dictaron en el distrito Judicial bajo la órbita de García se deben a casos de abuso sexual y violencia de género. “Es una cifra que consideramos baja porque en muchos casos los jueces dictan prisión domiciliaria y no prisión preventiva efectiva. Creemos que esta también es una cifra negra porque a corto y mediano plazo, en la medida en que se vislumbre que la denuncia surte efecto, dispara el accionar de todo el esquema judicial y resulta en una condena, se incrementará el número de personas que se acercarán a denunciar. Y tendremos cifras superiores de delitos de esta naturaleza”, manifestó.

Protocolo para la acción y participación de la gente
Una de las primeras medidas que adoptó García al asumir en la Fiscalía Regional fue dictar un protocolo para fiscales, funcionarios y empleados judiciales basados en el articulado de la Convención Interamericana de Belém do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), en las Guías de Santiago (protección de víctimas y testigos) y en la ley integral de violencia de género.
“La gran diferencia la hace el cambio de paradigma, por lo tanto la transformación del sistema, sus resultados inmediatos y los que vendrán en los próximos años. En la región norte de la provincia debíamos armar un consejo zonal integrado por fiscales, organizaciones intermedias y municipios. En este caso armamos cuatro en Villa Ocampo, Reconquista, Vera y Garabato, donde la comunidad se manifiesta cuando tiene inconvenientes con cualquier delito”, explicó.
El funcionario aseguró que “esto es interesante porque nos sirve como política criminal. Se procesan los conflictos, se analiza la situación de las víctimas y el accionar de la policía, la guardia rural, la comisaría de la mujer, los juzgados de circuito, los jueces de familia y de todos los actores o entidades que deban intervenir en cada caso”.
Así se instituyó la realización de una audiencia por semana y en cada una surge algún caso de violencia de género: información de primera mano que se difunde en la prensa y las redes sociales. “Así debe ser porque es la única forma de garantizar transparencia del accionar de los ciudadanos y las instituciones”, destacó García.

Fuente: La Capital