Pertenecen al Destacamento que la fuerza tiene en Santiago del Estero. Según la investigación, cobraban $35 mil a los camiones, $25 mil a los colectivos y $20 mil a las combis.

Una exhaustiva investigación de la propia Gendarmería Nacional finalizó con la detención de dos funcionarios de la fuerza, ambos con asiento en la vecina provincia, acusados de violar la ley Nº 22.415 por infracción al código aduanero.
Desde el año 2011 una unidad especial de la mencionada fuerza nacional comenzó una minuciosa investigación para establecer, quiénes integraban una banda dedicada a liberar las rutas para el paso de vehículos. Según fuentes cercanas a la investigación, a través de las averiguaciones se logró determinar que los imputados -cabos de jerarquía, ambos egresados juntos del instituto formador de la fuerza- eran los encargados de facilitar información sobre el despliegue y los dispositivos de las patrullas de controles ubicadas en los distintos sectores de la provincia.
«Vendían» información con los datos detallados, permitían que los rodados -todos de gran porte a los que no se controlaba- circularan libremente por toda la provincia eludiendo los controles de los puestos camineros. Los rodados podían llevar desde mercadería ilegal (tours de compra) como droga, cargamento de armas y hasta tráfico de personas, según fuentes del caso.
De las averiguaciones realizadas, los efectivos lograron determinar que los acusados -identificados como Guillermo Calderón y Raúl Décima Fariña (numerarios en la sección vial Santiago del Estero), ambos oriundos de Salta- habrían cobrado por camión $35.000 pesos, por un colectivo $25.000 y por combi $20.000. Sumas millonarias Según se supo, aproximadamente por día recaudaban entre 80.000 y 90.000 pesos, lo que asciende a una suma millonaria que ronda casi el millón y medio de pesos mensualmente.
Aparentemente, el botín era repartido entre los dos efectivos, pero presumen que había otros miembros que formaban parte de la banda. Tras la detención de los imputados, la fuerza nacional allanó los domicilios de sus colegas imputados desde donde se secuestraron elementos relacionados con la investigación.
La causa se inició en la ciudad de Orán, Salta por el juez federal, Dr Raúl Reynoso, quien antes ya había ordenado la detención de otros funcionarios, también por el mismo delito. Los efectivos detenidos quedaron alojados en el destacamento Móvil 5 un par de horas y luego, en medio de un operativo de seguridad, fueron trasladados a Salta donde el juez federal decidirá sobre ellos.

FUENTE: El Liberal