Se aplazó el desalojo en El Palmar

Desde el ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Seguridad, instruyeron al personal policial –pertenecientes a la Guardia Rural Los Pumas- para que asistan sin armas. Con este criterio, y ante la resistencia al desalojo por parte de la familia Barberis –acompañado por productores de la zona-, por inferioridad en la cantidad de oficiales, el juez comunal dispuso aplazar el desalojo. Los productores continuarán en vigilia permanente.

El juez comunal de Gregoria Pérez de Denis, Dr. Federico Nicola, encargado de ejecutar la medida ordenada por la jueza civil de Tostado, Dra. Haidé Regonat; confirmó esta mañana en FM SOON, el aplazamiento del desalojo.

Al respecto precisó que “los oficiales convocados de la Guardia Rural, se acercaron sin ningún tipo de armas. El Dr. Bordón –representante legal de Jorge Barberis- nos manifestó su buena disposición de que se realice una requisa de armas entre los productores que estaban en el campo, pero no vimos la necesidad de hacerla porque es gente sana y pacífica”.

Pese a la cordialidad, el clima existente en el campo del litigio –ubicado a 50 kilómetros al Este de Gato Colorado- era de extrema tensión ya que la familia Barberis -acompañados por aproximadamente 40 productores, vecinos y allegados, e integrantes de la filial de Federación Agraria Villa Minetti, junto a Mujeres Federadas y otras agrupaciones- explicitaron su decisión de resistir el desalojo, “hasta las últimas consecuencias”.

Ante tan definida postura, finalmente el juez Nicola, a media mañana, dispuso prorrogar el desalojo “por estar en condiciones de inferioridad, por no contar con la fuerza policial suficiente. Queda a consideración de la jueza para que oportunamente decida y coordine con las fuerzas de seguridad. Por nuestra parte, nos resta redactar las actas correspondientes y terminar así la parte judicial”.

Presencia provincial

A diferencia del anterior intento de desalojo, y atendiendo el reclamo de quienes acompañan a Barberis, el ejecutivo provincial estuvo representado por el coordinador de los Bajos Submeridionales, Pablo Zancada, y un representante de la Región 2 del Nodo Rafaela, Aníbal Leiva.

Además de establecer el criterio de la ausencia de armas en la fuerza policial, desde la Secretaría de Seguridad de la provincia, se solicitó que el encuentro sea filmado, como material probatorio de cómo se intentó ejecutar la medida, y por sobre todo, como constancia de cómo se dio el proceso.

Resta ahora esperar cual será la respuesta de la magistrada que ordenó el desalojo.

No obstante, la familia demandada solicitó una mesa de diálogo entre las partes que integran el litigio, incluyendo a autoridades judiciales y de la provincia.

Los productores confirmaron que continuarán en vigilia permanente.