POR FALTA DE SEGURIDAD

Suspenden por sexta vez el desalojo de un campo

Se trata de las 2.519 hectáreas que están en litigio. Como en otros de los anteriores intentos, el juez comunal que debía ejecutar la medida, ordenó suspender el operativo ante la falta de garantías de seguridad.

Una vez más, la Dra. Haidé Regonat, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Tostado, ordenó el desalojo de la familia Barberis, del predio rural de 2.519 hectáreas, ubicadas en zona de El Palmar –Gato Colorado-.

Este miércoles por la madrugada, una comisión de la U. R. de Policía, encabezada por el comisario mayor Mario Obregon, se trasladó hasta el lugar para prestar colaboración a la Guardia Rural Los Pumas y el juez comunal de El Nochero, Dr. Nicola, a fin de ejecutar la medida dispuesta por la magistrada.

Desde la Jefatura de Tostado, afirmaron que las fuerzas policiales recibieron órdenes de concurrir al campo, desprovistos de armas.

En el predio, permanecía la familia Barberis, acompañada por un grupo de productores que se solidarizaron con la situación.

Para las 10.50 horas del miércoles, el Dr. Nicola suspendió el desalojo por la falta de garantías de seguridad. Extraoficialmente se dijo que se habrían escuchado disparos de armas de fuego en el interior del campo.

Cabe recordar que la disputa de la tierra es entre la familia Barberis, la cual permanece en el lugar desde hace 40 años, y el Dr. Juan Carlos Adrover, que insiste ante la justicia en ser el propietario de las más de 2.500 hectáreas, en pago de servicios prestados a la familia mencionada.

Con los reiterados intentos de desalojos, la Justicia demostró que considera el campo propiedad del señor Adrover.

Seis intentos

En octubre de 2012, fecha fijada para llevar a cabo el primer desalojo, fue frenado por una copiosa lluvia.

En noviembre del mismo año, la medida se suspendió por segunda vez porque el juez competente en esa ocasión, el Dr. Nicola, de la localidad de Gregoria Pérez de Denis, dijo “no contar con la fuerza policial suficiente para ejecutar la medida”. La familia demandada junto a un grupo de allegados que se solidarizaron con ellos resistió el desalojo.

El tercer intento habría sido resistido a los tiros. Ocurrió en diciembre de 2012. En esa oportunidad, un grupo de aproximadamente 25 activistas, junto a la familia Barberis que ocupa el campo habría resistido a los tiros el cumplimiento de la orden de la jueza Regonat.

Ese mismo mes los demandados pidieron postergar una cuarta orden de desalojo hasta tanto la Legislatura Provincial no tratara la ley que prevé la suspensión por cinco año para la ejecución y desalojos de pequeños productores rurales, Ley Nº 13.334 que fue promulgada.

Esta norma legal alcanza a los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica del predio rural por un término superior a 10 años. Pero para la jueza Regonat, en este caso la Ley 13.334 es inaplicable.

La cosa juzgada es el principal fundamento “porque los demandados en la causa no acreditaron la posesión efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica del inmueble objeto de la causa”.

Según publicó El Litoral, la Cámara de Rafaela consideró como poseedor de mala fe al ocupante que en este caso en cuestión “usó y gozó de la fracción de campo ocupado, que el negocio de aquél ha sido el de tomar animales vacunos de terceros o subalquilar parte del campo y que la renta ha sido líquida porque no se pagó impuestos de ninguna naturaleza”. Además, “en este caso el usurpador pretendía una superficie mayor de 5.000 hectáreas mediante juicio de usucapión, pero realmente ocupaba 2.519 ha”.

La lista de los frustrados intentos se completa con el 5to. y 6to. donde los jueces actuantes desistieron de ejecutar la medida por considerar que no estaban dadas las garantías de seguridad.

Duras declaraciones

El Dr. Iván Bordón, abogado de la familia que intentan desalojar denunció en el portal Santa Fe.com.ar que había policías armados y encapuchados. Quien reclama las tierras es un ex dirigente de Federación Agraria.

Piden al gobernador que reglamente la ley ya aprobada que impide los desalojos. Hace un tiempo otros campesinos del norte resistieron a los tiros.

En diálogo con Radio Nacional Santa Fe, el abogado Iván Bordón  dijo que esta mañana hubo “un nuevo intento de desalojo, es una medida adoptada por el juzgado civil de Tostado a cargo de la jueza Aidé Regonat, es una provocadora serial. Es un juzgado inferior que no respeta lo que aprobó la legislatura santafesina en diciembre del año pasado. Esa Ley suspende por 5 años cualquier medida que implique e desalojo de gente de sus tierras. Esta magistrada, con argumentos muy rebuscados, ordenó una nueva medida y nosotros nos presentamos en el lugar para resistir de forma pacífica”.

Además detalló que “a quien quieren desterrar es a la familia Baberis, y el que pide el desalojo es el Dr. Juan Carlos Adrover, otrora dirigente de Federación Agraria Argentina y ex abogado de los productores y ahora se quiere quedar con la tierra y los campos de esta gente”.

Por otra parte el abogado reclamó “aprovechamos para decirle al Gobernador Bonfatti que nos convoque a través del ministro de la Producción para ajustar los criterios de reglamentación de la Ley. Nosotros como Norte Amplio por los Derechos Humanos y la Organización de Campesinos de Gato Colorado nunca fuimos convocados. Hace 7 meses que estamos aguardando, así como lo recibió a (Eduardo) Buzzi hace 20 días, nosotros que fuimos los que luchamos e impulsamos esta ley queremos estar sentados en esa mesa”.

Respecto a la situación que viven varios pequeños y medianos productores del norte santafesino Bordón dijo “Sentimos que hay una tremenda impunidad. Quiero pedirles a los responsables, como el procurador de la Corte, una mayor intervención sobre los fiscales y algunos jueces del noroeste de la provincia, específicamente el departamento 9 de julio. Sentimos que hay partes del poder judicial que son permeables a los lobbies y presiones de los sectores económicos concentrados como en este caso con Juan Carlos Adrover”.

Por el último el abogado apuntó “Vamos a reclamarle al ministro de seguridad de la provincia porque tenemos filmado que en el intento de desalojo había personal de seguridad de encapuchado y armado. Después de 30 años de democracia nos llama la atención y nos alarma. Vamos a aportar estos registros a la justicia”.