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Proponen multas millonarias para quienes intenten ingresar teléfonos a las cárceles

La iniciativa apunta a disuadir la presencia de aparatos móviles no autorizados en los penales.  El uso de celulares en los establecimientos penitenciarios ha contribuido significativamente a la proliferación de delitos ordenados desde los centros penitenciarios desde dispositivos móviles. 

Ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto que propone multar a quienes intenten ingresar teléfonos de forma clandestina a los complejos penitenciarios provinciales.

Se trata de una modificación al Código provincial de Faltas, al apartado de “Contravenciones cometidas en ámbitos carcelarios”. La iniciativa plantea incorporar tres nuevos tipo de infracciones apuntando a desarticular el mercado ilegal de teléfonos celulares que existe dentro de las unidades carcelarias.

“Como es de público y notorio conocimiento el uso de celulares en los establecimientos penitenciarios ha contribuido significativamente a la proliferación de delitos ordenados desde los centros penitenciarios desde dispositivos móviles. En efecto las crónicas policiales, periodísticas y judiciales dan cuenta de numerosos hechos cuyos autores intelectuales están cumpliendo pena privativa de la libertad”, sostiene entre sus argumentos el diputado Oscar Martínez, autor de la iniciativa.

La primera de las nuevas faltas que propone el legislador apunta a aplicar multas económicas a los reclusos a los que se les encuentre un teléfono celular entre sus pertenencias. Al ya estar cumpliendo una pena, la sanción será económica y podría superar los 1.7 millones de pesos.

En tanto que los otros dos artículos, que el proyecto propone incorporar, van contra quienes pueden llegar a intentar ingresar estos teléfonos de forma clandestina. En el caso de las visitas que lleven escondidos dispositivos tecnológicos para dejarle a los presos, podrían quedar arrestados por 30 días y se les aplicaría también una sanción económica similar a la prevista para los reclusos.

Mientras que si las personas que intentan ingresar los teléfonos son agentes del servicio penitenciario, la sanción es tres veces superior y podrían llegar a los 5 millones de pesos y los 60 días de arresto.

Además, el proyecto propone también incorporar un apartado en el que, si se demuestra que esos teléfonos se hayan utilizado para cometer un hecho delictivo, las sanciones se duplican.

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