Con el apoyo de la Casa Gris y del Ministerio Público de la Acusación, los senadores abren más fiscalías. Críticas a fiscales con horario de empleados públicos y a jueces de la puerta giratoria. Duras críticas a la interpretación Zaffaroni del derecho penal.

Bajo la premisa de que urge tomar medidas, por más de dos horas, esta mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial recibió al ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, y al fiscal general, Julio de Olazábal.
Del encuentro junto al titular de Constitucionales Joaquín Gramajo (PJ- 9 de Julio), participaron Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Emilio Jatón (PS-La Capital), Orfilio Marcón (UCR- General Obligado), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Cristina Berra (PJ- San Martín), Lisandro Enrico (UCR-General López) y Eduardo Rosconi (PJ-Caseros)
Hubo un temario concreto, además de exposiciones de fondo sobre las causas de la inseguridad. Los senadores esperaron al funcionario de la Justicia y al de la Casa Gris con un proyecto de ley que prometieron tratarlo hoy mismo y que crea 10 cargos de fiscales titulares además de otro número igual de fiscales adjuntos.
La norma fue tratada por la tarde en la sesión de la Cámara Alta y logró la media sanción, por lo que fue girada a Diputados. Esta norma amplía el presupuesto de la Fiscalía para que a los nuevos fiscales los asistan 3 secretarios de gestión procesal, 15 escribientes mayores y 23 colaboradores mayores auxiliares.
El proyecto es de autoría del senador Joaquín Gramajo (PJ- 9 de Julio), y cuenta con la coautoría de Rubén Pirola (Las Colonias – PJ), quien propuso que crear fiscalías especiales para atender casos de violencia asociadas al deporte.
 
Clima de urgencia
Las repetidas protestas por la inseguridad en la ciudad de Santa Fe que llevan ya décadas, las novedosas reuniones en poblaciones pequeñas del interior provincial que no pocas veces ahora llegan a la calle y la masiva manifestación de Rosario del fin de semana pasado se metieron en la sala reuniones de la comisión, que funciona como el último filtro de los temas a tratar en el Senado.
En la sede de Illia al 1300, legisladores, funcionarios del Ejecutivo y de la Fiscalía compartieron diagnósticos respecto del problema de la interpretación de la ley que siguen los jueces al dictar penas mínimas, y se hicieron mutuos reproches respecto de sus responsabilidades.
Los senadores le llevaron a De Olazábal un rosario de quejas respecto de los fiscales que se desempeñan en los departamentos que representan: hubo expresiones respecto de gente que ha tomado licencia “al primer contacto con un cadáver”, de quienes “no tienen compromiso y se van al mediodía a su casa” y más con los que “dicen que vienen a vivir a la ciudad cabecera, hacen el cambio de domicilio, pero los fines de semana se vuelven a Rosario o Santa Fe”.
El fiscal general confesó que cuenta con pocos instrumentos para corregir la situación, que no negó. Explicó que sin un auditor general (una figura prevista por la Reforma Penal) de opinar o sancionar luego sus actuaciones carecerían de valor porque debe formar el tribunal que dictamine sobre inconductas de los fiscales. Expuso el problema de la falta evidente de recursos humanos y materiales y presentó algunas cifras.
Dijo que Santa Fe tiene, en promedio, algo más de 3 fiscales cada 100 mil habitantes y comparó con otros países latinoamericanos y España donde esa cifra es de entre 9 y 11.

¿Y los jury?
El clima de mayor tensión no se creó cuando se repasaron los problemas que los senadores ven en algunos fiscales, sino cuando se trató de advertir quiénes deberían observar su conducta y eventualmente removerlos de sus cargos.
Los funcionarios -el de la Justicia y el del Ejecutivo- señalaron a los legisladores que tienen la potestad de iniciarlos y éstos a aquéllos, que en efecto también pueden ir en defensa de la sociedad, contra magistrados que no actúen según la ley.
La realidad es que las quejas sobre jueces y fiscales se han agregado a los discursos, pero hasta ahora son casi inexistentes los pedidos de jury (juicios a jueces), e incluso los pedidos de sanciones sobre fiscales.

Acusador en defensa (propia)
Se repasaron casos paradigmáticos en varios departamentos, con nombre y apellido… El fiscal general se mostró receptivo con las críticas. Se habló del caso del fabulador del sur que mencionó al senador Enrico como víctima de un complot para matarlo (y que el fiscal siguió esa línea de investigación y llamó a conferencia de prensa); del fiscal regional que un par de semanas atrás profirió insultos y amenazas a Gramajo; y del pedido de sanción de Enrico a la fiscal que otorgó la excarcelación a un ladrón que -al volver a la calle- fue a reclamarle a la última víctima de sus robos, un comerciante local, una suerte de indemnización por haberle hecho perder tiempo.
Jatón mencionó a los “fiscales cronistas”, que pasan un tiempo considerable en atender a entrevistas periodísticas porque “les gustan las luces y las cámaras”.
De Olazábal recordó que cuando se puso en marcha el nuevo sistema penal, él advirtió que la acusación aún no estaba lista. Durante los primeros minutos de su exposición, mostró con datos que no es cierto que el sistema oral resulte una traba, y aseguró que es más eficiente que el viejo paradigma escrito, lamentó que la cultura de los expedientes, y recordó que incluía “estantes donde se acumulaban juicios con cartelitos de cartón que señalaban ‘para la prescripción’, con toda sinceridad”.
Al repasar los casos paradigmáticos en ese sentido, Jatón mencionó que Santa Fe vive por estos días la vergüenza de la prescripción del caso del accidente vial de los chicos de Ecos, y el fiscal De Olazábal mencionó que sigue sin resolverse la causa por la inundación de 2003.

De la “puerta giratoria” al “agnosticismo punitivo”
“Estamos en medio de un problema ideológico serio, que tiene graves consecuencias, porque la sociedad ve que a delincuentes que matan y que vuelven muy pronto a estar libres. No se trata de los fallos producto del llamado garantismo, esto es un agnosticismo punitivo. Pensemos a la Justicia como una Iglesia cuyos sacerdotes dudan de la existencia de dios. Difícilmente puedan ser efectivos. Eso ocurre con muchos jueces: no creen que las penas sirvan de algo. Y por eso las reducen al mínimo”, dijo el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El funcionario no citó ese antecedente para hablar con los senadores, prefirió decirles que tiene varias décadas de ejercicio de la profesión en tribunales (además de ser hijo y nieto de abogados). Les dijo a los senadores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales exactamente lo que querían oír: que el sistema judicial no sigue la letra de la ley cuando dicta penas mínimas ante los crímenes más graves y probados.
Criticó la doctrina Zaffaroni y lamentó que el Poder Judicial “no rinda cuentas a la sociedad”. Dijo que lo contrario les ocurre a las autoridades provinciales y a los legisladores, en especial, “los senadores, son ustedes quienes primero reciben las críticas de la sociedad en cada territorio”.

FUENTE: El Litoral