Desde el gremio de los docentes públicos reclaman más presencia del Estado y recursos. Advierten que la crisis y la desigualdad golpean a las instituciones

La pelea entre unos 15 estudiantes de segundo año de la escuela Luis María Drago (Buenos Aires 5318) ocurrida la semana pasada y viralizada en redes sociales, actualizó el debate sobre la problemática de la violencia en esas instituciones. Desde el gremio docente Amsafé advierten que faltan recursos, que las estrategias desde el Estado para abordar las situaciones «llegan tarde o directamente no existen». Piden que el gabinete socioeducativo del Ministerio de Educación (psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales) tengan presencia territorial para tener más cercanía con la realidad.

Un planteo que lleva más de una década

A la par de los vaivenes sociales que impactan al país, las problemáticas se profundizan. Hace poco más de once años, el 9 de agosto de 2011, La Capital publicó una nota donde reflejaba la profunda preocupación de los docentes públicos ante hechos de violencia que habían golpeado a dos escuelas rosarinas.

Y agregó que “las escuelas tienen pocas herramientas” para hacer frente a esas situaciones. “Deberían tener mas personal, facilitadores, tutores, más recursos de los que hoy dispone. De esa manera estaríamos mejor parados para responder a esta realidad”.

El titular de Amsafé señaló que “los equipos socioeducativos” del Ministerio de Educación (intervienen en las escuelas ante casos de violencia) “no dan abasto. Se los convoca todo el tiempo, y así no pueden hacer un debido seguimiento de los hechos, porque tienen que ir corriendo de una escuela a otra”, advirtió.

Equipos en territorio y trabajo en red

En ese sentido, recordó que desde Amsafé “hace rato se pide que esos equipos sean territoriales, que se establezcan en cada barrio o distrito. De esa manera tendrían más cercanía con la escuela, conocimiento de los docentes, del territorio. En este contexto nos parece que es cada vez más urgente dar ese paso”.

Por otra parte, el dirigente consideró que “es necesario un trabajo más conjunto de los distintos ministerios y organismos. Se debe conformar una red con vecinales, centros de salud, para pensar respuestas y estrategias en conjunto”.

Por eso sugirió que los ministerios de Educación, Salud, Seguridad y las áreas municipales traben coordinadamente: «Tenemos equipos directivos absolutamente desbordados, que enfrentan situaciones muy duras y terribles, que dejan marcas, delicadas, muy pesadas. Lo que vemos es que las respuestas o estrategias a los casos de violencia aparecen muy tarde, o directamente no existen”.

El adulto y la reproducción simbólica

Para Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), estas “cuestiones que trascienden el ámbito escolar. Hay mucha violencia en la familia, en la sociedad, en los medios. A lo que se suma lo que ocurre en las redes sociales, donde crece el ciberbullying”.

En ese sentido, marcó la responsabilidad de los adultos a cargo. “Si papá o mamá no acompañan las conductas de sus hijos hacia otros chicos, los ayudan a revisar que algo que digan o hagan puede generar malestar en el otro, estamos en problemas”.

Y puso como ejemplo la naturalización en el uso de terminología agraviante que puede despertar conductas indeseadas. “Decirle mufa a alguien es generar que sea candidato a que los compañeros le peguen, que le hagan bullying. Ahí es donde vemos que el mensaje que le estamos dando a los chicos no es positivo”, remarcó Lucero.

En esa misma línea, expuso que “los adultos deben revisar cómo solucionan los problemas propios. Hemos legitimado la grieta como solución, que hay buenos o malos, y que la solución, si no nos gusta lo que dice el otro, es exterminarlo. Y los chicos ven y escuchan eso. Debemos revisar esas cuestiones simbólicas, cuando lo que no nos gusta del otro no es bueno, lo atacamos verbal o físicamente, lo agredimos, buscamos eliminarlo o violentarlo”.

El caso de la escuela Drago motivó la intervención del equipo socioeducativo del Ministerio de Educación, y la suspensión de los chicos involucrados. Se trata de unos 15 adolescentes que desde el mismo momento en que se produjo el altercado no concurren a la escuela y realizan tareas pedagógicas en sus casas.