En 50 días cayeron, en promedio, 1.000 milímetros de lluvia. La realidad económica y social se agrava.

Gran parte del centro-norte de la provincia de Santa Fe atraviesa una situación dramática. No sólo por los daños coyunturales que vienen provocando las lluvias sino, sobre todo, por los perjuicios cuyas consecuencias seguirán castigando a la región en el corto, mediano e, incluso, largo plazo.
Funcionarios del gobierno acaban de reconocer, por ejemplo, que desde el aire el departamento Garay se observa prácticamente como un único y gigantesco espejo de agua. En mayor o menor medida, la escena se repite en gran parte de Vera, General Obligado, San Javier y en algunos distritos de los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio, Castellanos y San Justo.
En materia productiva, la acumulación de agua -el promedio de lluvias fue de aproximadamente 1.000 milímetros en apenas 50 días- provocó inconvenientes con la cosecha de girasol y dificultades para terminar la siembra de soja de segunda. En cuanto a la ganadería, el anegamiento obligó a trasladar los animales hacia terrenos altos, mientras se observa con detenimiento el comportamiento del Paraná para decidir, en caso de ser necesario, el traslado del ganado que se encuentra en las islas.
Sin embargo, limitar el análisis a cuestiones meramente productivas sería un error, ya que en estos momentos comienzan a percibirse los efectos sociales que el fenómeno climático está provocando.
Algunos productores se encuentran al borde de la quiebra. En muchos casos, debieron endeudarse para hacer frente al efecto devastador causado por años de sequía. Y mientras aún no han podido saldar sus deudas, se encuentran frente a una nueva emergencia que les impide salir adelante.
La paralización de la actividad agropecuaria comienza a sentirse, indefectiblemente, en las economías de pueblos y ciudades de toda la región. De hecho, el campo es el motor de la economía, el gran generador de recursos que terminan volcándose en zonas urbanas, creando puestos de trabajo en los ámbitos más diversos.
El contexto general en el que se producen estas inundaciones no es el mejor. En este sentido, se viene produciendo en los últimos tiempos una dramática reducción en los márgenes de rentabilidad, debido a la caída en los precios internacionales de las materias primas producidas en gran parte de la provincia y el constante incremento de los costos generado por la inflación en el país. Además, lo que el Estado recauda en materia de retenciones, no se destina a generar la infraestructura imprescindible para apoyar a la producción.
En numerosos parajes rurales, familias enteras de trabajadores han quedado aisladas. Su futuro inmediato es incierto. La gran pregunta es de qué manera lograrán subsistir durante los próximos meses, cuando se encuentren imposibilitados de llevar adelante las labores que les permiten reunir los recursos mínimos e indispensables para vivir. En general, se trata de sectores altamente vulnerables. Jefes y jefas de familias que suelen realizar trabajos eventuales y que subsisten día a día.
La precariedad de los caminos en gran parte del territorio quedó expuesta a raíz de las lluvias. Desde Avellaneda, por ejemplo, el intendente Dionisio Scarpín remitió una nota al gobernador Antonio Bonfatti advirtiéndole que las dos principales rutas que atraviesan el distrito -la RP 31 y la RP 98- “han sufrido graves daños y requieren de una recuperación inmediata, ya que son arterias indispensables para la dinámica socioeconómica del territorio”.
La paralización de la actividad agropecuaria comienza a sentirse, indefectiblemente, en las economías de pueblos y ciudades de toda la región.