Piden se revea medida del Ministerio de Educación de Santa Fe

El Senado de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación de los senadores Felipe Michlig, Orfilio Marcón y Lisandro Enrico (Radicales del bloque del Frente Progresista Cívico y Social) en el que piden al PE provincial que se revea una medida originada en el Ministerio de Educación que obliga a que toda mejora que se pretenda realizar en una escuela de su jurisdicción debe contar con previa autorización de dicha cartera.

El texto, que se trató sobre tablas, hace referencia al Decreto 0962/2012 mediante el cual se establece que toda intervención para mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones y/o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales, y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) bajo los términos del Decreto N° 5085/68 y sus modificatorias, y cooperadoras escolares, solo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según los defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación.

Al justificar el proyecto de comunicación, los senadores Michlig, Marcón y Enrico consideraron que la mencionada norma legal, si bien tiene por objetivo promover el desarrollo estratégico de los diferentes establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe, debe establecer diferenciaciones para no incurrir en errores que bloqueen las buenas intenciones que forjaron la norma jurídica.

Explican en ese sentido que poner en un mismo orden de aprobación la reforma integral de un edificio educativo y aquellas pequeñas reparaciones que a menudo son atendidas con fondos provenientes de FAE o del aporte de la cooperadoras se contrapone con el principio de inmediatez que invoca el decreto, y en la faz práctica atentará contra la celeridad que ese tipo de “intervenciones” requiere en la inmensa mayoría de los casos.

“Creemos, añaden los legisladores radicales, que no resultará provechoso la aplicación lisa y llana del decreto tal como está redactado, pues atender el aluvión de peticiones de aprobaciones que recaerán sobre la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación demandará del Estado recursos humanos en cantidad y calidad apreciables para no generar atrasos en las evaluaciones y aprobaciones de las intervenciones propuestas por las actores locales”.

En la parte final estiman que se debe modificar el decreto 0962/2012 manteniendo el criterio de abordaje estratégico pero también el ámbito de autonomía de los actores más cercanos a las instituciones educativas que con su accionar tantos beneficios les acarrean, evitando así que una exagerada burocratización del sistema origine condiciones que alejen a las personas que con su desinteresado aporte y trabajo se mantienen como parte integrante de la esencia misma del proceso educativo.

Fuente: Regionalismo en línea