El juez rechazo la solicitud de la defensa. El magistrado consideró la existencia de elementos probatorios suficientes para sostener la presunta autoría de los reiterados abusos sexuales. La Cámara Gesell comprometió aún más al imputado.

Los hechos ocurrieron en la tranquila localidad de Esteban Rams. Allí, en el mes de agosto, una adolescente de 16 años, relató ante sus profesores los presuntos ultrajes a los que era sometida por parte de su padre político –reconocida legalmente por él-, desde que tenía 12 años de edad.
La situación derivó en la detención de un masculino de 45 años de edad a quien el 17 de agosto se le impuso la prisión preventiva en base a los testimonios recolectados, el peligro de fuga, y el posible entorpecimiento probatorio.
Cuatro meses más tarde del dictado de esa medida, la defensora pública, Dra. Romina Cristóbal,  solicitó -este martes por la mañana- la revisión de la pena ofreciendo una alternativa: morigerar la prisión preventiva, concediendo la libertad del imputado durante el proceso, quedando bajo la guarda de su hermano que reside en Arrufó y realiza tareas de albañilería. 

A su turno, el abogado querellante, Dr. Hugo González –quien representa a la madre de la víctima-, y la fiscal, Dr. Sonia Bustos, aportaron al expediente, los videos de las cámaras Gesell realizadas el 14 de diciembre donde tanto la menor como los otros miembros del núcleo familiar, revelan datos que comprometerían aún más al imputado.
El material probatorio aportado fue considerado por el juez, Dr. José Luis García Troiano quien además estimó factible el peligro de fuga, y la posible coacción sobre los testigos, con el sólo hecho de recibir la libertad –dado que la familia manifestó sentir “terror” por el acusado-. El magistrado rechazó el pedido de la defensa, extendiendo la detención del sujeto.

Nuevo hecho
Dentro de su descargo, la fiscal hizo mención a un nuevo delito que se desprende de la cámara Gesell. Si bien no ventiló mayores precisiones, apuntó a la posible corrupción de menores, hecho que podría atribuírsele en una nueva imputativa.
Camino al juicio
Asimismo, Bustos estimó que la investigación permitirá a finales del mes de febrero solicitar la apertura de juicio, donde, llegado el caso de comprobarse la culpabilidad del masculino, se podría arribar a una condena que parte de los 8 a 30 años de prisión.